Por Andalucía concurre a las elecciones del 17 de mayo como una coalición de siete organizaciones de izquierda —IU, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde— con Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, como candidato a la presidencia de la Junta. Su programa electoral tiene 94 páginas y prioriza 25 medidas. En materia de vivienda, presenta el paquete más intervencionista del bloque parlamentario junto a Adelante Andalucía: aplicación inmediata de la Ley 12/2023 estatal, reducción del umbral de gran tenedor, prohibición de compra especulativa en zonas tensionadas y limitación de plazas turísticas.

Lo que propone Por Andalucía en materia de vivienda

Las medidas principales del programa son:

  • Aplicación de la Ley de Vivienda estatal en 333 municipios andaluces que la coalición considera que cumplen los criterios para ser declarados zonas de mercado residencial tensionado.
  • Prohibición de compra de vivienda con fines especulativos en zonas tensionadas.
  • Reducción del umbral de gran tenedor de 10 a 5 viviendas.
  • Creación de un parque público de alquiler con precios máximos del 30 % de la renta familiar del entorno.
  • Aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda que reconozca el derecho a la vivienda como derecho subjetivo exigible judicialmente.
  • Limitación de plazas turísticas a 30 por cada 1.000 habitantes.
  • Tasa turística autonómica cuyos ingresos revertirían en políticas municipales de vivienda pública en alquiler asequible.

Las cinco medidas estrella con cifras

1. Zonas tensionadas en 333 municipios. Por Andalucía propone que la Junta declare zona de mercado residencial tensionado a los 333 municipios andaluces que, según la coalición, cumplen los criterios previstos en la Ley 12/2023. Esa declaración activaría mecanismos de limitación del precio del alquiler y obligaciones adicionales para los grandes tenedores. Conviene precisar que la declaración no es automática: corresponde a la comunidad autónoma aplicarla, municipio a municipio, con el procedimiento que establece la ley. La Junta gobernada por Por Andalucía tendría que activar ese proceso, que requiere análisis técnico de cada mercado.

2. «Comprar solo para vivir»: prohibición de compra especulativa en zonas tensionadas. Esta es la propuesta más singular y técnicamente compleja del programa. En las zonas declaradas tensionadas, Por Andalucía propone prohibir la compra de vivienda con fines especulativos o de inversión. El programa no desarrolla el mecanismo concreto por el que se determinaría la «finalidad especulativa» de una compraventa ni cómo se haría ejecutiva esa restricción. La propuesta plantea retos jurídicos sobre el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, cuyo alcance concreto dependerá de cómo se regule normativamente.

3. Nuevo umbral de gran tenedor: de 10 a 5 viviendas. La Ley 12/2023 estatal define al gran tenedor como el titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o de más de 1.500 m² construidos. Por Andalucía propone reducir ese umbral a 5 viviendas en la normativa autonómica, lo que ampliaría significativamente el número de propietarios sujetos a las obligaciones especiales de los grandes tenedores —como la obligación de negociar una solución habitacional antes de ejecutar un desahucio en zonas tensionadas.

4. Parque público de alquiler con tope del 30 % de la renta familiar. Por Andalucía propone construir y gestionar un parque de vivienda pública en alquiler cuyo precio no supere el 30 % de los ingresos familiares del entorno. El programa no especifica el volumen total de viviendas ni el presupuesto destinado a este fin, aunque el marco financiero general contempla la adhesión a la quita de deuda autonómica propuesta por el Gobierno central y la negociación de al menos 6.600 millones de euros adicionales en el sistema de financiación.

5. Tasa turística y límite de 30 plazas por cada 1.000 habitantes. El programa propone establecer una tasa turística autonómica cuyos ingresos se destinarían a financiar políticas municipales de vivienda asequible. Simultáneamente, propone limitar las plazas de alojamiento turístico a 30 por cada 1.000 habitantes en cada municipio.

La filosofía de fondo: regulación frente a especulación

Por Andalucía parte de un diagnóstico que Maíllo ha resumido en campaña con la frase «usted no ha regulado nada y ha implantado la ley de la selva», dirigida al presidente Moreno. La coalición defiende que el mercado de la vivienda no puede autorregularse y que la intervención pública directa —normativa, fiscal y de oferta— es la única forma de garantizar el acceso a la vivienda como derecho.

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En el debate del 4 de mayo en RTVE, Maíllo calificó las intervenciones de Vox de «discursos de odio» y situó a los grandes tenedores y fondos de inversión como responsables estructurales del problema de acceso a la vivienda, en la misma línea que Adelante Andalucía.

Posición sobre el alquiler y críticas al PP

La coalición votó a favor de convalidar el Real Decreto-ley 8/2026 el 28 de abril —que habría prorrogado contratos de alquiler con un tope del 2 % anual—, coherentemente con su posición favorable a la regulación del mercado.

En el debate electoral, Maíllo cuestionó que algunas VPO promovidas bajo el gobierno del PP alcancen precios de hasta 350.000 euros, señalando que esa cifra desvirtúa el concepto de vivienda protegida para las rentas medias y bajas. También denunció que la Consejería de Empleo habría acumulado 1.500 millones de euros en fondos no ejecutados que podrían haberse destinado a vivienda social.

Los compromisos electorales recogidos en este artículo son propuestas de campaña. Su ejecución dependerá del resultado de las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026, de la mayoría que obtenga cada formación y, en su caso, de los pactos que se alcancen tras los comicios.

Granada Habita no toma partido por ninguna formación política. Este artículo forma parte de una serie de cinco publicaciones en la que se exponen, con formato y extensión equiparables, las propuestas en materia de vivienda del PP, PSOE, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía, formaciones con representación parlamentaria en la legislatura saliente.