Las elecciones andaluzas del 17 de mayo no son solo un asunto de gobernabilidad regional. Para Granada, tienen consecuencias directas en tres frentes que afectan al día a día de sus vecinos y al equilibrio de su mercado residencial: la posible implantación de una tasa turística autonómica, la capacidad normativa para regular las viviendas de uso turístico tras la sentencia del TSJA, y la continuidad del Plan Alhambra como inversión estructural en el conjunto monumental. Los tres dependen, en distinta medida, de quién gobierne la Junta a partir del 18 de mayo.
La tasa turística: una competencia autonómica que Granada espera
Granada lleva años en el debate sobre la tasa turística. La ciudad, con millones de visitantes anuales concentrados en un casco histórico de superficie reducida, soporta una presión sobre los servicios públicos —limpieza, transporte, mantenimiento patrimonial— que en buena medida no se financia con los impuestos de quien la genera.
La competencia para establecer una tasa turística en Andalucía corresponde a la Junta, no a los ayuntamientos. Las ciudades como Granada, Sevilla o Málaga que han defendido esta vía no pueden implementarla sin un marco autonómico que la habilite. Y ese marco depende directamente del color político del próximo gobierno andaluz.
Las posiciones de los partidos son claras y alineadas con lo que ya publicó Granada Habita en su comparativa electoral: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía incluyen la tasa turística en sus programas, con distintos mecanismos pero con el objetivo común de que parte de los ingresos revierta en políticas de vivienda pública y mantenimiento de los destinos. El PP y Vox la rechazan, argumentando que perjudica la competitividad del sector y encarece el destino para el visitante.
Para Granada, la diferencia no es menor. Por Andalucía propone limitar las plazas turísticas a 30 por cada 1.000 habitantes y destinar los ingresos de la tasa a políticas municipales de vivienda asequible. Adelante Andalucía plantea una tasa de tres euros por persona y noche, con los ingresos revertidos a las administraciones locales. Si cualquiera de estas formaciones tuviera capacidad de legislar, Granada tendría un instrumento financiero nuevo para compensar el coste del turismo masivo sobre sus barrios históricos.
La regulación de las VUT: el TSJA abre el tablero
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló en abril el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Granada sobre viviendas turísticas dejó al Consistorio sin su principal herramienta de control urbanístico. Pero más allá del caso concreto, la sentencia tiene una lectura más amplia: la regulación de las VUT en Andalucía necesita un marco normativo autonómico más preciso del que existe hoy.
El TSJA no dijo que las VUT no puedan regularse. Dijo que el instrumento elegido por el Ayuntamiento —un acuerdo de pleno que modificaba de facto el PGOU sin seguir el procedimiento exigido— no era el correcto. Y señaló que cualquier regulación deberá superar el triple test de la Directiva europea de Servicios: ser no discriminatoria, necesaria y proporcional.
Ese marco normativo autonómico más preciso que necesita la regulación local depende, de nuevo, del próximo gobierno de la Junta. Las diferencias entre partidos en este punto son las más significativas para Granada:
El PP mantiene la posición de que la regulación debe articularse a través del planeamiento urbanístico municipal —la innovación del PGOU que el Ayuntamiento tiene en tramitación— sin intervención autonómica directa en los precios ni en los límites de plazas.
El PSOE regularía las VUT en las zonas tensionadas que declarase, lo que en Granada podría afectar a los barrios con mayor concentración: Albaicín, Realejo, Centro y Carrera del Darro. Pero requeriría primero que Granada fuera declarada zona tensionada, lo que a su vez depende de criterios técnicos y de voluntad política.
Por Andalucía es la formación con la propuesta de mayor impacto local: limitar las plazas turísticas a 30 por cada 1.000 habitantes. Con esa cifra, barrios como el Albaicín —donde una de cada cuatro viviendas es turística— estarían muy por encima del tope y tendrían que reducir su parque turístico de forma forzosa. La medida conecta directamente con las reivindicaciones de Albayzín Habitable, que pide un límite del 10 % en el conjunto de alojamientos turísticos del barrio.
Adelante Andalucía va más lejos: propone la prohibición de nuevas licencias turísticas en zonas con mercado tensionado y la retirada progresiva de las existentes. Es la posición más intervencionista del arco parlamentario y la que más directamente respondería a la situación del Albaicín, aunque también la que enfrenta mayores retos jurídicos sobre el derecho de propiedad y las licencias ya concedidas.
Vox no incluye medidas específicas de regulación de VUT en su programa autonómico.
El Plan Alhambra: inversión estructural con impacto en vivienda
El Plan Alhambra es un compromiso del gobierno del PP que Rocío Díaz —consejera de Fomento, candidata número uno por Granada— ha defendido en campaña como señal de continuidad de la inversión estatal en el conjunto monumental. El plan incluye compromisos de conservación patrimonial, mejora de la conectividad entre la Alhambra y la ciudad, y apuesta por la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.
La conexión entre el Plan Alhambra y el debate sobre vivienda no es directa, pero existe: cuanto mayor sea la inversión en el conjunto monumental y cuanto más se potencie la proyección turística de Granada, mayor será la presión sobre los barrios del entorno —Albaicín, Realejo, Sacromonte— y más urgente la necesidad de regular el mercado del alquiler residencial en esas zonas.
Los partidos de la oposición no han planteado en campaña la eliminación del Plan Alhambra, pero sí condicionan cualquier inversión en proyección turística a medidas paralelas de protección de la vivienda residencial. Es decir: más turismo sí, pero con mecanismos que impidan que ese turismo expulse a los vecinos del barrio.
Tres escenarios para Granada tras el 17M
El resultado electoral abrirá uno de estos tres escenarios para la política de vivienda turística en Granada:
Continuidad del PP: el marco regulatorio se mantiene como hasta ahora, con la innovación del PGOU como único cauce para limitar las VUT en la capital. Sin tasa turística autonómica. Sin declaración de zonas tensionadas. La sentencia del TSJA queda como referencia jurídica sin consecuencias normativas adicionales a corto plazo.
Gobierno del PSOE: posible declaración de zonas tensionadas en Granada, lo que activaría la Ley 12/2023 y sus mecanismos de contención. Tasa turística autonómica en tramitación. Regulación de VUT en las zonas declaradas. El ritmo dependería de los pactos parlamentarios y del consenso con los ayuntamientos.
Gobierno de izquierdas con Por Andalucía o Adelante: el escenario más intervencionista para las VUT en Granada, con limitación de plazas, tasa turística y posible moratoria de nuevas licencias. También el que enfrenta más retos jurídicos y de implementación, dado que algunas de sus medidas requieren desarrollo normativo previo y pueden ser impugnadas.
La vivienda turística en Granada no se decidirá el 17 de mayo de forma inmediata. Pero el resultado electoral determinará si la próxima legislatura dispone de las herramientas normativas para actuar o si el debate sigue abierto mientras los barrios históricos continúan transformándose.
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